Con 14 años, Mayra Lineth Pop Maquin quiso irse de casa, pero no por la típica rabieta de adolescente. Quería seguir estudiando y quedarse significaba casarse, que la entregaran a un hombre siete años mayor que ella y al que ni siquiera conocía.
Sus padres no tenían dinero para la escuela y dar a su hija mayor en matrimonio para que empezara a formar su propia familia, al fin y al cabo, era lo habitual en su comunidad, la aldea China Cadenas en el departamento guatemalteco de Izabal, en el noreste del país.
Pero ella no se resignó. Con la ayuda de una organización no gubernamental que tenía un programa de educación de niñas en su comunidad, llevó su caso ante la justicia. Por aquel entonces, el matrimonio infantil todavía no era ilegal en Guatemala y la práctica era común, especialmente en algunas zonas rurales y pueblos indígenas como los q’eqchis, al que pertenece Mayra.
Guatemala prohibió el matrimonio infantil en 2017
Guatemala prohibió el matrimonio infantil a finales de 2017, pero esas uniones no han acabado del todo, especialmente en aldeas indígenas.
La organización Save the Children alertó en un comunicado reciente que la crisis de la Covid-19 podría aumentar los matrimonios infantiles forzados. Según su cálculo, para finales de 2020, unos 12 millones de niñas en todo el mundo habrán sido obligadas a casarse, a menudo con hombres de edad avanzada, lo que tendrá una repercusión en el abandono escolar de las infantes.
A principios de 2017, el caso de Pop llegó a un juzgado de primera instancia de la niñez, que determinó que no podían obligarla a casarse. El juez consideró que eso vulneraba sus derechos y le dio la custodia a su abuelo paterno.
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