Un líder indígena hondureño de la etnia tolupán que luchaba en defensa del bosque contra empresas madereras en las montañas del norcentral departamento de Yoro fue asesinado, informaron autoridades y activistas.
La policía indicó en un comunicado que las autoridades reconocieron el sábado el cuerpo de Milgen Idan Soto Ávila, de 29 años, en la jurisdicción de Locomapa, departamento de Yoro, 220 kilómetros al norte de la capital.
Añadió que Soto fue reportado desaparecido desde el lunes pasado por vecinos de la comunidad y que el viernes hallaron una fosa clandestina, de la cual las autoridades forenses sacaron el cadáver este sábado.
La policía aseguró que sospechan que lo habrían matado por problemas personales
, pero el dirigente del no gubernamental Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández, declaró a la agencia de noticias Afp que responsabilizan a una empresa maderera que está cortando 28 mil 500 árboles en esa zona.
Soto, que también era miembro del MADJ, “había recibido amenazas de una empresa por liderar una lucha contra la depredación del bosque en la zona de la tribu de San Francisco Locomapa, añadió Fernández, abogado de profesión y defensor de los derechos humanos y del ambiente.
Explicó que ocho dirigentes ambientalistas de la tribu que emprendían la lucha contra los aserraderos fueron criminalizados en los tribunales que en el juicio les prohibieron continuar las protestas, por lo cual Soto había asumido un liderazgo importante en el movimiento.
En febrero pasado otros dos indígenas tolupanes, Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, miembros también de la tribu de San Francisco de Locomapa, fueron asesinados por defender sus tierras.
Honduras está catalogado por organismos humanitarios internacionales como uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y del ambiente porque son asesinados, amenazados y criminalizados por empresarios con el apoyo de las autoridades.
El caso más emblemático fue el asesinato de Berta Cáceres, dirigente lenca que impedía con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país. A dos días de cumplir 43 años, Cáceres fue baleada la medianoche del 2 de marzo de 2016 por sicarios que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país, e hirieron a su huésped, el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que agrupa a las tribus lencas, y ganadora del premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente, había recibido muchas amenazas de muerte de poderosos terratenientes locales y de compañías mineras o de energía, por lo que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, reportó entonces La Jornada, (https://cutt.ly/Dern0DH).
Siete personas fueron sentenciadas por el crimen ejecutado por encargo de la hidroeléctrica, según el tribunal.
Precisamente el viernes pasado, Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, advirtió en la Ciudad de México que en América Latina existen vacíos legales para proteger a defensores del medio ambiente, y acusó que, por el contrario, se les criminaliza.
Al participar en la ponencia Los Pueblos Indígenas y la Defensa del Medio Ambiente como Patrimonio Ancestral, Zúñiga señaló que los activistas sufren constantes agresiones, reportó César Arellano García en La Jornada Online. (https://cutt.ly/5erQkrO).
La Jornada
