El juez Carlos Bonadío rechazó la recusación solicitada este lunes por la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, mientras otro tribunal rechazaba el pedido de ex carcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión en una causa, orquestada por ex militares de la pasada dictadura (1976-1986) y los medios masivos de comunicación afines al gobierno.
Esto sucede en momentos en que el gobierno del empresario Mauricio Macri, que no logró hacer retroceder la nueva corrida del dólar anunció medidas drásticas y nuevos ajustes, indicados por los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) con»carácter de urgente».
Entre estas medidas suspendió el envío de dinero a las provincias que debía hacerse por medio del Fondo Solidario, lo que aumenta la grave situación en todo el país y anticipa una crisis nacional que acerca el país a los días trágicos de diciembre del 2001.
La oposición en su conjunto solicitó revertir esta decisión y el gobierno también enfrenta a sus socios del campo, después de tomar la decisión de volver a imponer los impuestos en la soja y otros productos.
El senador Fernando “Pino” Solanas interpuso una denuncia contra los empresarios, que desfilan en el juzgado del juez Claudio Bonadío presentándose como “arrepentidos” y supuestas “víctimas” de una especie de extorsión para que donaran dinero a las campañas políticas de Néstor Kichner sy esposa y sucesora y Cristina Fernández de Kirchner, y que figuran en las fotocopias de los supuestos cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, cuyos originales siguen sin aparecer por lo cual la causa no debería existir. Solicita investigarlos por lavado de dinero y por la procedencia de los fondos con que dicen haber pagados «extorsiones».
Por otra parte, el periodista Horacio Verbistky denunció este martes en una investigación publicada en el portal El cohete a la Luna, que dirige, un laberinto de complicidades entre el “chofer” ex sargento del ejército y otros militares que sindica como “carapintadas” que junto con algunos periodistas y medios además de jueces han armado causas falsas y como en el caso Boudou entregan supuestas pruebas, que no existen.
En tanto la Corte Suprema de Justicia ordenó que se cumplan las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer efectiva la prisión domiciliaria de Milagro Sala.
La líder de la Tupac Amaru actualmente está detenida en una prisión de Salta y realiza una huelga de hambre.
En su resolución, el máximo tribunal le pidió al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy adoptar las medidas necesarias para «dar pleno e inmediato cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal en su sentencia de fecha 5 de diciembre de 2017 y salvaguardar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Amalia Angela Sala».
Fuente: La Jornada
