Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional la llamada «Ley Bonilla», que habría permitido que el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ejerciera el poder por cinco años, y no sólo por los dos para los que fue electo.
La mayoría de los ministros se refirieron a la «Ley Bonilla» como un fraude a la Constitución, a la ley y a la voluntad popular.
El ministro ponente, Fernando Franco, argumentó que los ciudadanos al momento de votar deben tener la certeza de para qué cargo y por cuánto tiempo eligen a sus representantes, y esto no ocurrió en el caso.
Por ello, apuntó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se violentó el principio de certeza jurídica al alargar el periodo de gobierno una vez que ya había sido electo el gobernador.
A su vez, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena advirtió que la Ley Bonilla era prácticamente una reelección, lo que señaló “tiene una potente carga histórica” y “ataca el corazón del sistema democrático.”
Contrario a la costumbre, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, hizo uso de la palabra a la mitad, y no al final del debate, para fijar su postura, donde afirmó que la Ley Bonilla fue una maquinación por la cual se pretendió violar la voluntad popular.
La ministra Norma Lucía Piña se sumó a la mayoría advirtiendo que estas reformas a la constitución de Baja California son “un atentado contra la democracia y contra nuestra constitución.”
Así, sin ningún voto en contra y en poco más de dos horas, la SCJN invalidó la Ley Bonilla y ordenó, como efectos de su sentencia, que se vuelva a aplicar el texto anterior de la constitución del estado, donde se establece que el gobierno de Bonilla Valdez terminará el 31 de octubre de 2021.
LA JORNADA
