Escapar es el verbo que los funcionarios usan al renunciar a los puestos que ocupaban en órganos reguladores y que prefirieron entregar antes de que aparezca la Ley de Austeridad Republicana en el Diario Oficial de la Federación y, con su entrada en vigor, queden impedidos durante 10 años para trabajar en el sector privado o pierdan el dinero que han acumulado a lo largo de su carrera en cajas de ahorro o en los fideicomisos de estas instituciones.
En las últimas semanas al menos han renunciado 50 de los 184 directivos generales y directores adjuntos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de acuerdo con fuentes de la dependencia.
La misma desbandada de directivos se ha dado en sectores de energía y de telecomunicaciones.
Entre los funcionarios de órganos reguladores que más se han acercado, luego de la aprobación de la Ley de Austeridad, al despacho jurídico Trusan & Roma para asesorarse sobre sus renuncias son de la CNBV; la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS).
Lo que más solicitan a los abogados es tramitar algún amparo que proteja sus ahorros y protegerse ante el veto que les impediría ejercer una década en el sector en el que se han profesionalizado.
“Esta Ley de Austeridad Republicana es el apocalipsis de la Administración Pública, porque no sólo termina con las prestaciones y las cajas de ahorro de los funcionarios y reduce sus salarios; sino que, además, les impide trabajar por 10 años en el sector privado. Estas renuncias masivas obedecen a que prefieren entregar sus cargos antes de que les aplique este veto o pierdan sus ahorros de vida (que guardaban en las instituciones), una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucederá esta misma semana”, aseguró a Excélsior, Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma.
En el artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana se especifica que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.
“Que una ley impida a los servidores públicos trabajar por 10 años en el sector en el que nos hemos especializado por décadas, significa destruir por completo nuestras carreras y vida profesional. Yo estoy a punto de cumplir 40 años, imagínate, quién me va a contratar cuando venza un veto de una década y esté cercana a mis 50 años, obviamente nadie. Por lo pronto, ya la iniciativa privada me ofreció mucho más dinero y prestaciones de las que tendría en el gobierno con estas nuevas condiciones”, comentó a Excélsior una de las funcionarias y maestra en ingeniería en sistemas, que renunció al sector de telecomunicaciones.
Para varios de los funcionarios entrevistados esta nueva Ley de Austeridad Republicana será catastrófica, porque está obligando a los directivos a renunciar a los sectores más especializados y sensibles del país como el bancario, energético y de telecomunicaciones.
“Aquí la pregunta correcta no es cuántos directivos están renunciando, sino cuáles son sus perfiles, las labores que desempeñaban en las instituciones y cómo harán para cubrir esos puestos con el mismo nivel de especialización”, cuestionó el abogado de Trusan & Roma.
Desde noviembre pasado, Excélsior ya había informado que de los 255 gerentes que había en Petróleos Mexicanos (Pemex), al menos 10% había renunciado, entre los que se encontraban: el gerente de Ventas al Mayoreo, gerente de Inteligencia Comercial, gerente de Administración de Transporte, gerente de Mercadotecnia, y gerente de Regulación.
De estos gerentes que han renunciado y que ocupaban posiciones estratégicas en las áreas comerciales, de abasto y regulatorios de Pemex, por lo menos la mitad ya están contratados por empresas energéticas del sector privado.
Después de estas renuncias, en noviembre de 2018, también se dio la del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, y, en junio pasado, la de Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a pesar de que su cargo concluía hasta 2023.
“Esta nueva Ley de Austeridad Republicana terminará por darle la estocada final a los directivos que habían entrado en administraciones pasadas y aún se mantenían en sus puestos, pues ninguno piensa poner en riesgo su carrera ni sus ahorros”, aseguró Rodolfo Martínez.
Esta nueva ley también impide el manejo de cajas de ahorro o fideicomisos en las instituciones.
De acuerdo con los estados de cuenta de la caja de ahorro de la CNBV, constituida desde 2001, las aportaciones de los más de mil 200 socios activos, jubilados y extrabajadores que aún mantienen ahí su dinero ascienden a poco más de 250 millones de pesos.
Dinero al que los empleados de la CNBV no han podido tener acceso desde diciembre de 2018.
En la legislación
- La Ley de Austeridad Republicana prohíbe a los funcionarios de mando superior que durante su encargo manejaron “información privilegiada” emplearse en el mismo sector de la iniciativa privada, por diez años.
- Los servidores públicos no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada.
- Legisladores de oposición han argumentado que la ley es una forma de controlar políticamente a los trabajadores y han anticipado impugnaciones.
- No obstante, morenistas consideran que la legislación eliminará “la puerta giratoria entre la IP y el servicio público”.
Excelsior
