En ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de recibir más de 3 mil millones de pesos por toma de casetas en el país.
Esta práctica es un delito federal que se castiga hasta con 30 años de cárcel, sin embargo, con el paso de los años, colectivos y organizaciones civiles han hecho de esto un deporte.
Mientras que en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron 2 mil 443.
Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía Transparencia, ya indicaba 2 mil 458 eventos.
Las pérdidas por el no cobro de peaje en 2018 ascienden a 821 millones 959 mil 408 pesos, y la tendencia va en aumento: de enero a junio de 2019 se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que las pérdidas de 2018.
Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), considera que el apoderarse de una plaza de cobro se ha convertido en un negocio lucrativo.
“Se empezó a generar una industria (…) comienzas a botear y la cantidad de recursos que extraes de manera ilegal pues es importante”, explicó.
Toma de casetas, lucrativo negocio
Concesionarios señalan a organizaciones de hacer de estas acciones su modo de vida.
La toma de casetas es un delito federal que se castiga con 30 años de cárcel y diversos colectivos se apoderan de esas instalaciones como si fuera un deporte: en ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de recibir por el cobro de peaje más de tres mil millones de pesos por toma de casetas en todo el país.
Esta práctica se ha incrementado de manera exponencial; así, mientras que en todo 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron dos mil 443.
Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía transparencia, ya indicaba dos mil 458 eventos.
Las pérdidas registradas por el no cobro de peaje en 2010 fueron de cuatro millones 984 mil 864 pesos, mientras que para 2018 ascendió a 821 millones 959 mil 408 pesos.
La tendencia va en aumento, de enero a junio del presente año se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que el monto total de lo no cobrado en 2018.
Para Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), el apoderarse de una plaza de cobro se ha convertido en un negocio lucrativo para agrupaciones.
“Se empezó a generar una industria alrededor de la toma ilegal de casetas (…) No necesitas más de diez personas, la puedes tener tomada durante el día completo, comienzas a botear y la cantidad de recursos que extraes de manera ilegal pues es importante”, explicó.
El líder de los concesionarios indicó que muchos de los grupos que realizan esta actividad están interconectados.
“Son distintos grupos que funcionan a lo largo y ancho de la República; muchos de ellos están interconectados, los líderes tienen relación.
“También en su gran mayoría estos grupos han sido creados exprofeso para tomar casetas; a fin de cuentas se empezó a convertir esto en un negocio lucrativo para estas agrupaciones”.
Según el reporte de Capufe, los daños patrimoniales generados por la toma de casetas en todo el país comenzaron a repuntar a partir de 2014, cuando se registró una pérdida anual de 372 millones 607 mil 811 pesos, por 785 eventos ocurridos.
El segundo repunte se dio en 2017, cuando la pérdida ascendió a 503 millones 84 mil 796 pesos, por mil 699 tomas.
Entre las causas o demandas más comunes en la toma de casetas se encuentran solicitudes de recursos para organizaciones campesinas, inconformidad con políticas de gobierno, solicitud de exención del pago al ser habitantes cercanos a la caseta, exigencia del libre tránsito por las carreteras del país.
De manera regular, las plazas de cobro son liberadas o tomadas, entre otros, por organizaciones campesinas, gremiales, estudiantes normalistas, integrantes de la CNTE o la CETEG, policías comunitarios, pobladores inconformes, transportistas, movimientos de lucha, familiares de personas desaparecidas y grupos de activistas.
En Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Baja California, entre otras entidades, esta actividad es un recurso para la lucha social.
En Oaxaca, por ejemplo, el magisterio de la CNTE lleva a cabo interrupciones intermitentes, libre del pago que ingrese a las arcas del gobierno federal.
En el Valle de Toluca y zona Norte del Estado de México transportistas, campesinos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, toman la caseta ubicada en Tenería, en Tenancingo. Integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, campesinos y normalistas se apropian de las casetas de la autopista Toluca-Atlacomulco, según datos de Capufe.
En Chiapas, han sido identificados el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), la CNTE, normalistas de las escuelas Jacinto Canek y de la Rural Mactumactzá y hasta el criminal llamado Cara de tropa.
En Tijuana, integrantes del Grupo Tijuana se levanta, integrado por activistas de la tercera edad, tomaron el control de la caseta de cuota Tijuana-Rosarito.
Otros grupos de activistas también se habían apoderado del control de las casetas, pero el pasado 2 de agosto se registró un enfrentamiento entre los grupos liderados por quienes han sido identificados como Miguel Mendoza y Guadalupe Maldonado. Ambos grupos se enfrentaron con palos, piedras y a golpes. Tras el choque, el saldo fue de cinco personas detenidas y tres lesionados.
Boteo voluntario
En un monitoreo realizado por Excélsior, se detectó que, por ejemplo, en Guerrero los normalistas son quienes más recurren a este tipo de movilizaciones para allegarse de recursos que, de acuerdo con sus declaraciones, son destinados para su comedor de la escuela normal o para mantener su lucha en búsqueda de los 43 desaparecidos o trasladarse a otras ciudades.
La caseta que es tomada con mayor frecuencia es la de Palo Blanco, que se ubica en la salida sur de Chilpancingo, con rumbo a Acapulco.
Los ingresos pueden ser variables, dependiendo del día, de la temporada y del horario. Por ejemplo, en abril, en plena temporada de la Semana Santa, la Policía Federal de Caminos reportaba un aforo hacia Acapulco de 30 vehículos por minuto entrando al puerto y de salida se reportaban 10 vehículos. Lo que da un total de 40 vehículos por minuto, que multiplicado por la cuota “voluntaria” de 50 pesos que se pide, resultaría en ingresos de 2 mil pesos por minuto, 120 mil pesos por hora.
RESISTENCIA CIVIL
Conocida también como liberación de casetas se ha convertido en una práctica constante en puntos como el Circuito Exterior Mexiquense, donde integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica (RCP) se niegan a pagar las cuotas.
El pasado miércoles 11 de septiembre, integrantes de RCP tomaron las casetas de Las Américas y Tultepec. Desde las 07:00 horas, comenzaron a delimitar el paso de vehículos por un menor número de carriles y levantaron las plumas para permitir el libre tránsito de los vehículos.
En su cuenta de Facebook, Karla Cárdenas, quien se identifica como integrante de RCP, difundió los videos de esta toma con la leyenda “…en apoyo a los compañeros y hermanos de lucha Tigre JS, José Cervantes, Pedro Cervantes y Mandrake”.
La causa de esta manifestación fue la vinculación a proceso de la que fueron objeto por el delito de daño a las vías de comunicación.
Ésta es una de las organizaciones con mayor actividad en la liberación de casetas.
En Hidalgo, por ejemplo, Alfredo Quiroz Colín y Cenobio Díaz Hernández han encabezado el cierre de casetas a nombre de esta organización, con el argumento de ejercer el derecho a no pagar peaje.
En octubre de 2018, tomaron la caseta de cobro número 84 de la carrera federal México-Tuxpan, ubicada a la altura del tramo Tulancingo-Tejocotal, kilómetro 106 +700.
Otro integrante de esta organización es Armando Monter, originario del municipio de San Agustín Tlaxiaca, quien pese a no contar con poder de convocatoria ha participado en la toma de casetas, entre ellas la ocurrida el 1 de abril de 2018, cuando junto a otros simpatizantes tomaron la caseta México- Pachuca.
Los integrantes de este movimiento se han declarado afines a Morena. Incluso, Monter presume en sus redes sociales fotografías con líderes de izquierda, entre ellos el diputado federal Mario Delgado.
En diciembre del año pasado, se dio a conocer información en la que Monter llama a encadenar la Suprema Corte y exigir la salida de ministros. En ese momento, en el poder Judicial versaba la discusión sobre el tope salarial.
Otra agrupación que recurre a bloqueos carreteros y toma de casetas en Hidalgo es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de Martha López Ríos, hermana del dirigente nacional de esta organización, Álvaro López. El 8 de agosto tomaron la caseta México-Pachuca, movilización en la que un campesino falleció al atravesar la vía federal.
EL DELITO NO LOS FRENA
En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, mediante un video difundido en redes sociales, que la toma de casetas de peaje sí estaba tipificada como un delito, según lo indicado en el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del Código Penal Federal.
Las penas establecidas para quienes bloqueen las casetas de peaje de la red carretera del país van de 15 a 30 años de prisión.
Sin embargo, esta advertencia no ha frenado la intervención que organizaciones de resistencia civil realizan a las casetas en distintos puntos del país.
Respaldados en el Artículo 11 de la Constitución Política que señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, ciudadanos conforman movimientos para acudir, de manera constante, a las casetas, levantar las plumas y dar libre tránsito a los conductores.
Un video transmitido el pasado 11 de septiembre, por un hombre identificado en Facebook como Arturo Morales, muestra a un grupo de personas, vestidos con playeras y gorras negras con las siglas bordadas en color blanco: RCP (Resistencia Civil Pacífica), en la caseta Las Américas, del Circuito Exterior Mexiquense, organizarse para la liberación de esta plaza de cobro.
Luego del saludo que hace una mujer, de nombre Claudia, Arturo comienza a narrar: “No vamos a permitir que sigan violentando el Estado de derecho cuando ejercemos un derecho plasmado en la Constitución, en el artículo 11”.
En el video se observa al hombre caminar hacia la línea de casetas y cerrar carriles para delimitar el paso de autos por el menor número de plumas controladas por ellos.
“Tenemos un descontento con esta autopista porque esta autopista tiene que dar el 0.05% de sus ingresos y no regresa nada, no retorna nada a la comunidad, hacia el estado”.
En otro video, difundido por una persona de nombre Montserrat Hernández, integrante de la misma asociación, se observa la liberación de la caseta en Tultepec, en Coacalco. En las imágenes se escucha a un hombre decir: “Yo lo viví, a mí no me agarraron (sic) porque yo me fui a mi carro y abrí”.
Posteriormente, se reporta con una mujer identificada como Karlita.
“Ya nos vamos Karlita, ya estuvimos aquí haciendo labor ya nos retiramos porque tenemos cosas que hacer…”.
En su perfil de Facebook, Karla Cárdenas, Karlita, replica los videos posteados ese día por los integrantes de la organización RCP liberando casetas del Circuito Exterior Mexiquense.
En esta red social puede observarse la constante actividad de esta organización.
El 31 de agosto, la misma Karla Cárdenas difunde un video en el que explica cómo puede hacer un conductor para pasar, sin pagar, una caseta, ubicada en el circuito exterior mexiquense, en la que las plumas tienen “cinchos metálicos” y no se pueden abatir hacia el frente.
Karla levanta la pluma y comienza a gritar: “adelante, adelante, libre tránsito, pásele”, hasta que en el carril apareció una patrulla de la policía estatal.
En ese mismo video se observa cómo minutos después desciende nuevamente del vehículo Nissan Platina, color plata, con placas 640ZMK, al parecer de la Ciudad de México, en el que viaja con otra mujer y un hombre.
Karla vuelve a levantar la pluma y hace énfasis en mostrar los cinchos metálicos que la sostienen.
En total, Capufe ha interpuesto 2 mil 742 denuncias por la toma de casetas en todo el país, de las cuales, mil cuatro fueron presentadas de enero a junio de 2019.
ACCIONES
De acuerdo con Frías Galván, con la intención de frenar la incidencia en toma de casetas, desde hace más de un año los concesionarios realizan una mesa institucional en la que trabajan con la FGR, la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Capufe.
“A partir de esta mesa se generó un formato único de denuncia en donde se establecen los elementos y criterios básicos que cada una de las denuncias debe de contener”.
Aseguró que cada vez que hay un caso de toma de casetas se denuncia y se siguen protocolos de la actuación que deben tener los operadores de las casetas.
“También emprendimos una campaña importante de hacer del conocimiento de la gente que toma las casetas que esto es un delito”, explicó.
Con información de Emmanuel Rincón, Karla Méndez, Carlos Coria, Patricia Briseño, Dalila Ramírez, Arturo Salinas, Gaspar Romero, Miriam Bueno, Alma Gudiño y Rolando Aguilar
Demandas
Entre las peticiones o causas más comunes de la toma se encuentran:
- Entrega de recursos para organizaciones campesinas.
- Vecinos cercanos que buscan exención del pago de casetas.
- Inconformidad con las políticas de gobierno.
- Libre tránsito por las carreteras del país.
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN
Cuando una agrupación llega a tomar una de las casetas instaladas en nuestro país, los empleados deben seguir un protocolo de seguridad:
1. Cuando un grupo toma las instalaciones por protesta, se cierran las cajas y los empleados permanecen en las oficinas. Tienen la instrucción de no interferir.
2. Los empleados de la plaza de cobro dan aviso a las autoridades correspondientes. En el caso del Edomex, se notifica al Sistema de Autopistas.
3. Los empleados no abandonan su puesto de trabajo hasta que los policías federales llegan para resguardar el perímetro. Excepto en casos de manifestación violenta.
4. Muchas veces los grupos llegan agresivos, portando palos, tubos, machetes, piedras, incluso armas de fuego.
5. Cada caseta cuenta con cámaras de seguridad. En los municipios de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, Chiapas, las casetas tienen herrería.
ARGUMENTAN DESOBEDIENCIA CIVIL
GUADALAJARA.— Luego de lograr que, con la constante liberación de una caseta, les dieran descuentos especiales a los conductores que a diario circulaban por la autopista de ingreso al oriente de Guadalajara, Michel González Ruiz, activista social, se convirtió en consejero de organizaciones dedicadas a la resistencia civil.
Desde que los concesionarios de la autopista a Zapotlanejo comenzaron a cobrarle para ingresar a su domicilio en Tonalá, González Ruiz, de oficio comerciante, se volvió activista para demandar el libre tránsito por todas las carreteras del país.
Amparado en los artículos 6, 7, 9 y 11 de la Constitución, su movimiento inició en 2011, impulsado por el entonces diputado priista Jorge Arana Arana, quien advertía que el entonces gobernador del estado, de extracción panista, no respondía a la demanda ciudadana de respetar el libre acceso a sus domicilios.
Derivado de obras de remodelación y ampliación de la autopista de ingreso al Oriente de Guadalajara, los concesionarios de la Red de Carreteras de Occidente (RCO) cobraron el paso por esas vialidades.
Después de ese conflicto, que se destrabó con el otorgamiento de calcomanías de descuentos y consideraciones especiales a los habitantes de las colonias afectadas, hacia mayo de 2016, surgieron otros grupos similares en distintos puntos del país, quienes contactaron a González para solicitarle asesoría en sus movimientos.
Así surgió la organización denominada Desobediencia Civil, que encabeza desde enero del 2017 González Ruiz.
Su primer acto público de protesta fue a principios de septiembre de 2016, con la toma de la caseta de Zapotlanejo (La Joya).
Moisés Mora Cortés
El dato
- Fue el 8 de junio de 2019, cuando Michel González se anotaría un triunfo trascendente al lograr que el gobierno federal determinara liberar la caseta de cobro de Cuyutlán en Manzanillo, Colima.
- Sobre su lucha, este activista jalisciense afirma: “No tienen razón de ser, hay casetas de 30 y 40 años, cuando las concesiones originales eran a 10 años, que era el tiempo de recuperación para el inversionista privado, pero se amplió el plazo”.
Excelsior
