El gobierno de Nicaragua y la oposición reanudan el lunes negociaciones en busca de un consenso sobre la hoja de ruta que acordaron esta semana para salir de la grave crisis que sacude el país.
Las conversaciones entre el gobierno y los opositores se estancaron el viernes debido a dos puntos claves de esa hoja de ruta: la inclusión de garantes internacionales y una mediación.
Ambos puntos se consideran «claves» al entrar a la cuarta sesión de pláticas que se desarrollan a puerta cerrada en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) desde el miércoles.
«Es fundamental tener reglas claras, definidas y acordadas para garantizar un ambiente de paz y de seguridad. Esta hoja de ruta también nos indicará el nivel de compromiso del Gobierno con este proceso», según un comunicado de la alianza.
El gobierno de Daniel Ortega rechaza que haya garantes como la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) como propone la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), según fuentes próximas a las conversaciones.
Nueve de 12 puntos que contiene la hoja de ruta fueron aprobados en la primera sesión de trabajo, informaron las partes sin ofrecer detalles de lo acordado.
«Es importante tener garantes internacionales que cuenten con la confianza» de todos para que se cumplan los acuerdos que se tomen, declaró a la prensa la delegada suplente por la alianza, Azahálea Solís.
«No pueden haber garantes porque no ha habido acuerdos. Qué se va a garantizar», dijo el diputado liberal Wilfredo Navarro, aliado del gobierno en el Parlamento y uno de sus representantes en las negociaciones.
Ortega mentiroso
«Ortega cree que está en uno de sus clásicos juegos a los que está acostumbrado; al engaño, a la mentira; querer estafar al adversario (….) el no quiere garantes ni testigos», dijo a la AFP el general en retiro y duro crítico del mandatario, Hugo Torres.
La presencia de la OEA y la ONU «es clave», son una especie de árbitro que van a certificar que las partes cumplan lo acordado y su falta puede tener «consecuencias para aplicar sanciones, en este caso para el régimen de Ortega», apuntó Torres.
Según él, ambos organismos no son del agrado de Ortega porque la OEA pidió aplicar a Nicaragua la Carta Democrática y la ONU, en un informe sobre la situación de derechos humanos, denunció un uso excesivo de la fuerza contra las protestas y no encontró pruebas de un golpe de Estado como alega el gobierno.
La Iglesia tampoco
Versiones de prensa atribuidas a fuentes próximas a la negociación indican que Ortega tampoco acepta como mediadora a la Iglesia católica, como ocurrió en el primer diálogo, suspendido en junio de forma unilateral.
En esa oportunidad Ortega acusó de «golpistas» a los obispos que, como mediadores, propusieron hacer reformas a la ley electoral, entre ellas un adelanto electoral al 2019, para salir de la crisis política.
El presidente de la Conferencia Episcopal (CEN), el cardenal Leopoldo Brenes, no participó en las últimas dos de tres sesiones de trabajo y tampoco lo hará el lunes, aunque justificó su ausencia en que tenía que atender asuntos del episcopado.
El miércoles al inicio de las pláticas «me di cuenta que prácticamente me invitaron para la oración», dijo Brenes a periodistas tras la homilía en una parroquia de Managua.
El cardenal junto con el representante del Vaticano, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag, son los único miembros de la Iglesia presentes en la fase preparatoria de las negociaciones.
«Esperamos que cuando se dé la hoja de ruta, ahí sabremos si se acepta la mediación de los obispos católicos», respondió Brenes, pero dijo desconocer si el gobierno les ha vetado como mediadores.
Ortega, de 73 años, esta en el gobierno desde el 2007 y es acusado por opositores de corrupción e instaurar una dictadura familiar.
Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social y se convirtieron en un clamor por la salida del poder de Ortega tras la represión a manifestantes, que dejó 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
Fuente: La Jornada
