A propósito de la polémica suscitada por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, reconoció que este es un tema un poco complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a ministros y jueces. No es fácil
que se les bajen los salarios, pero hay que dialogar con ellos
, dijo.
En breve entrevista al término de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, la funcionaria refirió lo comentado por dos diputados respecto de que la ley debe estar acorde con la Constitución federal, la cual en su artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, mientras estén en el desempeño de su encargo
.
Por eso, insistió, no es un tema que se pueda decidir rápidamente. Tiene un fundamento constitucional. Hay que dialogar con ellos (los ministros y jueces)
. Lo anterior, luego de que el pasado 7 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender la aplicación de la mencionada ley.
A propósito de la polémica suscitada por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, reconoció que este es un tema un poco complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a ministros y jueces. No es fácil
que se les bajen los salarios, pero hay que dialogar con ellos
, dijo.
En breve entrevista al término de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, la funcionaria refirió lo comentado por dos diputados respecto de que la ley debe estar acorde con la Constitución federal, la cual en su artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros, mientras estén en el desempeño de su encargo
.
Por eso, insistió, no es un tema que se pueda decidir rápidamente. Tiene un fundamento constitucional. Hay que dialogar con ellos (los ministros y jueces)
. Lo anterior, luego de que el pasado 7 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender la aplicación de la mencionada ley.
Fuente: La Jornada