La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), la máxima instancia legal del país, dejó sin efecto de forma provisional la decisión del presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso al país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La presidenta de la CC, la magistrada Dina Ochoa, dijo en rueda de prensa el domingo en la noche que ese organismo aceptó un recurso de amparo presentado por el abogado independiente Alejandro Portillo contra la decisión del mandatario.
Portillo argumentó que existe un precedente jurídico, pues la CC aceptó el año pasado una acción legal de la Procuraduría de Derechos Humanos cuando Morales declaró persona non grata al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez.
Con esa aceptación del amparo de la Procuraduría, el Ejecutivo se vio obligado a dar marcha atrás con esa decisión, lo cual provocó una crisis política en este país centroamericano, especialmente, con aquellos sectores sociales que lo consideraron un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El 31 de agosto pasado, el gobernante anunció que no pedirá a la ONU una nueva ampliación, de 2019 a 2021, del mandato CICIG, un ente que junto con la fiscalía ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del presidente para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015.
Cuatro días después, Morales prohibió el ingreso al país de Velásquez, quien se encontraba de viaje en Nueva York y Washington y el secretario general de la ONU, António Guterres, lo respaldó al mantenerlo en el cargo e indicar que seguirá en el cargo desde el extranjero.
La magistrada Dina Ochoa explicó que luego de la resolución de 2017 se creó una jurisprudencia y para prohibir el ingreso al país del jurista colombiano se tenían que agotar todas las negociaciones diplomáticas entre el gobierno guatemalteco y la ONU.
Afirmó que la decisión unánime de los cinco magistrados de la CC se apega a la “interpretación final del alcance de la Carta Magna” de este país centroamericano.
El vocero de la Corte, Santiago Palomo, comentó que los magistrados rechazaron varios amparos respecto a la no renovación del mandato de la comisión, toda vez que el acuerdo establece que es una decisión del Estado guatemalteco y está en su derecho de no hacerlo.
El vocero de la CICIG, el uruguayo Matías Ponce, comentó en una declaración que respetan y promueven “el respeto de las decisiones judiciales dictadas por la Corte de Constitucionalidad”.
La “CICIG sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo. El Comisionado está trabajando en Nueva York siguiendo la decisión del Secretario General y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala”, comentó.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que hasta el momento no han sido notificados de la resolución y por lo tanto evitarán hacer un pronunciado al fallo de la máxima instancia judicial del país.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó como una excelente noticia la decisión y se adelantó a dar la bienvenida a Velásquez para “seguir desde Guatemala la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
La tensión entre guatemaltecos a favor y en contra de la decisión del presidente mantiene una tensión en el país, lo que ha provocado una serie de manifestaciones.
La ofensiva de Morales contra la comisión provocó desde la semana pasada bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas en el oeste del país, además de protestas en la capital y otras ciudades, convocadas por estudiantes universitarios y organizaciones sociales.
Fuente: La Jornada
