Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para expedir la Ley de Austeridad Republicana, la cual congela las plazas en la administración pública federal y restringe la contratación de trabajadores por honorarios; incluso ordena a todos los funcionarios a incorporarse a los sistemas públicos de seguridad social, pues se prohíben regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como seguros privados de gastos médicos y seguros de vida pagados con recursos públicos.
Ni los expresidentes de la República se salvaron, quienes sólo podrán acceder al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que ofrece el ISSSTE.
En sólo 13 artículos, la ley plantea que se limite el número de viajes oficiales al extranjero, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente y promueve reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación de los pocos funcionarios que serán comisionados a actividades fuera del país.
Prohíbe escoltas o elementos de seguridad para los servidores públicos, a menos que esté estrictamente justificado. Asimismo, limita el uso de vehículos propiedad del Estado a tareas de utilidad pública y servicio directo a la población.
“La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos. Éste es uno de los motores de la transformación que estamos llevando a cabo por mandato popular”, detalla la iniciativa.
Manuel Rodríguez González presentó la propuesta en el pleno, la cual, dijo, no afectará, suprimirá, disminuirá o restringirá programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y en las leyes.
Agregó que se pondrá un freno a los fideicomisos y fondos, pues no se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza cuyo objeto sea alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
De los fideicomisos que queden, “todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro análogo serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización”, agrega la iniciativa.
Fuente: Excelsior
