La Asamblea Constituyente de Venezuela evaluará un posible adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición-, como parte del «contraataque» del oficialismo tras el bloqueo económico de Estados Unidos.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, integró una comisión que realizará «consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle» para decidir si es conveniente el anticipo y, llegado el caso, fijar una fecha.
Los comicios están previstos para 2020.
«Si de esa consulta resulta que es el 1 de enero (de 2020), el 1 de enero estaremos haciendo esas elecciones de la Asamblea Nacional. Si resulta que hay que hacer esas elecciones este año (…) se harán cuando diga esta consulta», indicó entre aplausos Cabello, y agregó espera dar «esa noticia al país en los próximos días».
La oposición ganó en diciembre de 2015 una mayoría calificada en la Asamblea Nacional para un período de cinco años, pero al poco tiempo de asumir funciones el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, declaró al legislativo en desacato y sus decisiones son consideradas nulas.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno de Nicolás Maduro llegó a su pico con la autoproclamación del jefe parlamentario Juan Guaidó como “presidente encargado”, el pasado 23 de enero, tras considerar fraudulenta la elección que dio un segundo mandato al líder socialista en 2018.
Guaidó, reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, comentó el domingo que la sesión de este lunes de la Constituyente buscaba disolver el Parlamento o adelantar las legislativas.
«¿Que si vamos a eliminar la Asamblea Nacional? ¿Cómo para qué?», respondió Cabello al abrir la reunión. «¿Que vamos a aplicar la ley a aquellos que violen nuestra Constitución y la ley? Sí, eso no necesita nada extraordinario».
Inmunidad allanada
La Constituyente levantó la inmunidad a los diputados opositores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán por apoyar un fallido levantamiento militar liderado por Guaidó el 30 de abril.
Serán procesados penalmente por la «comisión flagrante» de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros cargos.
Su enjuiciamiento fue autorizado horas antes por el TSJ. Una medida similar pesa sobre una docena de congresistas que respaldaron públicamente la sublevación de un pequeño grupo de uniformados.
«El tiempo de estar a la defensiva se quedó atrás, ahora vamos al contraataque revolucionario», advirtió Cabello en la sesión convocada para rechazar las sanciones anunciadas el 5 de agosto por el presidente Donald Trump.
Esas medidas incluyen el bloqueo de los activos de Venezuela en Estados Unidos y sanciones a las empresas que negocien con el gobierno socialista, y se suman a una descarga de castigos para asfixiar a Maduro.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la sentencia contra los congresistas al decir que se trata de un «tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal».
Una veintena de diputados han sido despojados de su inmunidad y han terminado refugiados en sedes diplomáticas, exiliados o en la clandestinidad.
Venezuela atraviesa la más dura crisis política y económica de su historia reciente, con recesión, hiperinflación y la pugna por el poder entre Guaidó y Maduro, quien congeló un diálogo que mantenía con la oposición en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.
En esas negociaciones, la oposición exige la realización de elecciones presidenciales, a lo que el mandatario se opone planteando, en su lugar, un acuerdo de «convivencia democrática».
La Jornada
