La discusión que iniciará hoy en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, será definitoria para los miles de amparos que funcionarios de diversas instancias gubernamentales han promovido desde diciembre pasado contra dicha legislación.
Actualmente, por decisión de la Corte, los recursos contra la ley que marca que ningún servidor público puede ganar un sueldo mayor al del Presidente de la República se encuentran en la congeladora de juzgados y tribunales, hasta que se decida el futuro de la legislación por el pleno de ministros.
Los impedimentos de jueces por Ley de Salarios se desahogarán tras la revisión de constitucionalidad.
Hubo funcionarios, como Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), que lograron que un juez les suspendiera la aplicación de la ley de salarios. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, también buscó impugnar la reducción a su sueldo, sin embargo, no tuvo la misma suerte que Nacif.
Además, en la Segunda Sala del máximo tribunal del país se pospuso la discusión de los impedimentos de jueces y magistrados para resolver los amparos tramitados por funcionarios contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Se prevé que una vez que el pleno del máximo tribunal del país analice la constitucionalidad de la legislación que marca que ningún funcionario puede obtener un sueldo superior al del titular del Ejecutivo federal, estos asuntos sean desahogados.
“En sesión privada del 24 de abril del año en curso, los ministros de la Segunda Sala acordaron que, en aras de respetar el artículo 17 constitucional, los asuntos cuyo punto toral consiste en calificar el impedimento de un juzgador de amparo serán retirados de la lista que corresponda”, señala el acuerdo.
Excélsior adelantó, el pasado 1 de mayo, que el ministro Alberto Pérez Dayán elaboró un proyecto de sentencia en el que propone declarar como inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Según el documento, uno de los argumentos torales de la propuesta que ya analizaron los otros 10 integrantes de la Corte es que durante la aprobación de la legislación de salarios hubo una serie de vicios en el proceso legislativo.
Para que la ley sea declarada inconstitucional por el máximo tribunal del país se requieren de al menos 8 votos de los 11 ministros que forman parte del pleno.
Vicios
- De acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán, el proceso de la ley presentó vicios, como omisiones legislativas relativas al momento en que se fijó el salario del Presidente de la República.
- Violación al proceso legislativo, ya que el Senado aprobó la legislación el 8 de noviembre de 2011 y los diputados se tardaron siete años en dictaminar y aprobar la ley, por lo que no hubo continuidad en el proceso.
- Para Pérez Dayán, la violación al proceso legislativo es de tal magnitud que impacta a todo el ordenamiento.
Excelsior
