Israel expulsó al director de la organización Human Rights Watch (HRW) en Israel y los Territorios Palestinos, Omar Shakir, lo que provocó que se convirtiera en la primera persona que le pasa esto, en medio de una serie de medidas que se han tomado en ese país contra una campaña de boicot al Estado hebreo.
Desde 2017, Israel prohíbe la entrada a su territorio de cualquier extranjero que esté acusado de apoyar la campaña BDS (boicot, desinversión, sanciones) contra el país. Pero, según el ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Shakir, que tiene nacionalidad estadunidense, es el primero en ser expulsado en virtud de esta medida.
Israel rehusó renovar su visado a finales de 2018, acusándolo de apoyar el BDS, lo que Omar Shakir desmiente. Tras una serie de recursos, el Tribunal Supremo israelí aprobó a principios de noviembre su expulsión.
«Espero que un día me acojan mejor aquí. Un día en el que, todos, israelíes y palestinos, verán respetados sus derechos humanos y que la igualdad para todos sea la norma», mencionó Shakir en el aeropuerto Ben Gurion, de Tel Aviv.
Una veintena de personas, con pancartas en las que se podía leer «No pueden esconder la ocupación», estaban presentes para expresar su apoyo al responsable de HRW, una ONG de defensa de los derechos humanos basada en Nueva York.
El vuelo que tomó despegó rumbo a Múnich este lunes.
Democracia «restringida»
«No recuerdo ninguna otra democracia que haya bloqueado el acceso a un investigador de Human Rights Watch», declaró Kenneth Roth, director general del organismo.
«Esto demuestra el carácter cada vez más restringido de la democracia israelí», añadió.
Shakir continuará ocupándose de Israel y de los Territorios Palestinos, pero desde el extranjero, explicó la ONG.
«Israel, como cualquier país (…) tiene la potestad de decidir quien tiene el derecho de entrar y trabajar en el interior de sus fronteras» justificó el ministerio de Asuntos Estratégicos, punta de lanza de la campaña israelí contra el BDS.
La Unión Europea expresó su oposición a la decisión de Israel, y la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió en mayo que los activistas por los derechos humanos cada vez tendrían menos margen para actuar en ese país.
Estados Unidos declaró su «fuerte oposición a la campaña BDS contra el Estado de Israel», pero paralelamente recalcó su apego a la libertad de expresión.
Esta expulsión «es un acto desesperado y déspota coherente con las prácticas ilegales de ese régimen de ocupación», denunció Hanane Ashraui, una responsable de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
¿Boicot?
En el centro del conflicto entre Israel y HRW se esconde la guerra que libra el Estado hebreo contra la campaña mundial BDS.
Esta campaña insta al boicot económico, cultural o científico de Israel para que termine la ocupación y la colonización de los Territorios Palestinos. Quienes lo defienden se apoyan en casos como el de Sudáfrica, cuyo boicot permitió que se pusiera fin al régimen del apartheid, aseguran.
Israel acusa al BDS de antisemitismo, algo que los partidarios de la campaña desmienten.
En un primer momento, para justificar la expulsión, el Estado hebreo recurrió a unos comentarios de Omar Shakir en los que defendía el boicot a Israel, antes de que asumiera sus funciones en Israel, en 2017.
Además, las autoridades israelíes reprocharon que HRW haya criticado a sus colonias en la Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional.
«Todos los que actúan contra Israel deben saber que no les permitiremos vivir ni trabajar aquí», declaró tras el fallo del Tribunal Supremo el ministro de Interior, Aryeh Deri, que citó a Shakir como «uno de los dirigentes del movimiento BDS».
«Ni Human Rights Watch ni yo como representante suyo instamos nunca al boicot», dijo Shakir.
Tal y como hace con los gobiernos, HRW pide a las empresas que operan en las colonias de Cisjordania ocupada que dejen de hacerlo, al considerar que estarían contribuyendo a que se violen los derechos humanos, explicó el responsable.
Más de 600 mil israelíes viven en colonias de Cisjordania y de Jerusalén Este, unos territorios ocupados por Israel desde 1967 donde viven alrededor de tres millones de palestinos. Estas colonias carecen «de base en el derecho» y constituyen una «violación flagrante del derecho internacional», según la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.
La Jornada
