La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, esperaba el martes que la ausencia de violencia durante la masiva manifestación prodemocracia del domingo fuera presagio de una «vuelta a la calma» en la ex colonia británica, a la vez que rechazó ceder a las peticiones del movimiento.
Cientos de miles de personas invadieron el domingo los barrios del centro de Hong Kong en una nueva marcha masiva que, al contrario que en las manifestaciones de las semanas precedentes, no terminó en enfrentamientos entre radicales y la policía.
«El domingo, numerosos hongkoneses participaron en una manifestación en Victoria Park que fue en general pacífica», dijo Lam en una rueda de prensa televisada.
«Espero de todo corazón que esto marque el inicio de una vuelta a la calma de la sociedad y el fin de la violencia», añadió.
Esta crisis política, la más grave que vive la excolonia británica desde su retrocesión en 1997, nació a el 9 de junio en rechazo a un proyecto de ley del Ejecutivo local leal a Pekín que pretendía autorizar las extradiciones hacia China.
El movimiento tiene fundamentalmente cinco peticiones, entre ellas el abandono total del proyecto de ley sobre las extradiciones, la dimisión de Lam, o una investigación sobre el uso de la fuerza de la policía, que utilizó grandes cantidades de gases lacrimógenos en las últimas semanas y disparó balas de goma contra los manifestantes.
Carrie Lam indicó que se habían depositado 174 denuncias contra la policía desde el inicio de las protestas, y que estas serían investigadas de manera «exhaustiva» por la «policía de las policías», cuyo jefe es designado por ella.
Los manifestantes piden por su parte una investigación independiente.
Los manifestante estiman que la líder hongkonesa no hizo ninguna concesión. Lam anunció que su gobierno continuaría «una misión de información» sobre las maneras de resolver esta crisis.
El martes, Lam adoptó un tono más conciliador, pero rechazó anunciar el abandono oficial del polémico proyecto de ley. Actualmente está suspendido de manera oficial, pero no es suficiente para los manifestantes.
«El proyecto de ley está muerto», afirmó. «No prevemos resucitarlo», reiteró.
La Jornada
