La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua reiteró su disposición a negociar una salida a la crisis social y política que se vive en el país, aunque insistió en que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha demostrado voluntad de dialogar.
En una carta dirigida a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Alianza Cívica señaló que es impostergable la solución pacífica y democrática a la situación que se vive en el país, y que el organismo interamericano pueda coadyuvar al cumplimiento de los acuerdos.
Destacó que es urgente la puesta en marcha de reformas electorales que permitan reencauzar al país al orden democrático mediante comicios justos, libres, transparentes y adelantados, reportó el diario local La Prensa.
También expresó su disposición a trabajar con la comisión de alto nivel recomendada en la resolución de la Asamblea General de la OEA -aprobada el 28 de junio pasado- para buscar una solución a la crisis que se vive en el país centroamericano desde abril de 2018.
En la misiva, la Alianza Cívica denunció que aún falta la liberación de 104 personas que fueron detenidas durante las manifestaciones contra el gobierno de Ortega; así como la situación jurídica de los que han sido excarcelados y la continua violación a los derechos humanos de la población.
Aseveró que el gobierno nicaragüense no ha mostrado buena fe, ni voluntad de cumplimiento pleno a los acuerdos alcanzados con la oposición, en especial la restitución de derechos y garantías constitucionales.
Tampoco ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el desarme de los grupos parapoliciales, entre otras.
La organización política expresó su apoyo a la decisión de la Asamblea General de la OEA de insistir en el reingreso a Nicaragua a la CIDH y a otros organismos de derechos humanos.
La crisis en Nicaragua se inició en abril de 2018 con protestas por las reformas a la previsión social, que derivaron en manifestaciones contra el gobierno de Ortega.
La Jornada
