La Barra Mexicana de Abogados (BMA) aseguró que el gobierno federal viola el Estado de Derecho, tras las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se revelarían nombres de los promoventes de amparos que se han tramitado contra la suspensión de obras del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, estado de México, y la cancelación de las obras en Texcoco, así como los intereses detrás de ellos.
La barra recordó que el viernes pasado el mandatario federal advirtió que si sus “adversarios” logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, él los exhibirá “para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”. También minimizó los fallos de jueces federales para detener las obras de Santa Lucía y atribuyó esa estrategia a actores políticos y económicos.
“No estamos preocupados por la ola de amparos promovidos, porque todo es una campaña mediática, es decir, un amparo para que no se detengan las obras de Texcoco, del pequeño negocito, ese, que querían hacer de más de 300 mil millones de pesos”, dijo.
Al respecto, la Barra Mexicana de Abogados señaló que considera inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, “mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial, que vulnere la protección de los daos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que estas acciones atentan contra el Estado de Derecho”.
En un comunicado firmado por el presidente de la BMA, Héctor Herrera Ordóñez, señaló que el ejercicio de derecho a la defensa de las personas y la independencia del poder judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“La Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a la justicia y consecuentemente a interponer acciones legales, tales como juicios de amparo, entre otras, cuando consideren que sus derechos sean vulnerados, correspondiendo al poder judicial resolver sobre las pretensiones de los demandantes, cuya actividad jurisdiccional, en virtud de la división de poderes consagrada en nuestra Constitución, debe ser respetada y sin injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo”, reiteró.
Por ello, la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Ejecutivo federal de manera “respetuosa” para establecer y mantener un auténtico Estado de Derecho “con justicia y democracia, incluyendo abstenerse de realizar las acciones “ antes descritas”.
La Jornada
