Los suizos aprobaron el domingo en un referendo una ley derivada de las medidas antiterroristas de la Unión Europea (UE), para endurecer las condiciones para adquirir algunas armas, según los resultados provisionales.
De acuerdo con las proyecciones del instituto de sondeos gfs.bern, publicadas a mediodía por la televisión pública suiza RTS, el sí ganaba con el 67% de los sufragios (+/- 3 puntos de margen de error).
Antes del plebiscito, el gobierno suizo había advertido a los electores que un rechazo de esta nueva legislación podría suponer una exclusión de la Confederación Helvética -que no es miembro de la UE- de los acuerdos europeos de Schengen y Dublín, a los que está asociada.
Esa exclusión tendría consecuencias en los terrenos de la seguridad y el asilo, pero también en materia de turismo, y costaría «varios miles de millones de francos suizos al año», según las autoridades federales.
«Es una lástima que la población haya cedido al argumento del miedo con Schengen. Es un poco triste, pero aceptamos el resultado», reaccionó Olivia de Weck, vicepresidenta de ProTell, el lobby proarmas suizo que protagonizó una fuerte movilización contra la nueva legislación.
«Lo que prima es la democracia», subrayó de Weck. «Sabíamos que iba a ser difícil», agregó.
Las armas están muy extendidas en Suiza, aunque al no existir un registro federal es difícil saber cuántas circulan exactamente.
Según el centro de estudios Small Arms Survey de Ginebra, en 2017 había más de 2,3 millones de armas en manos de civiles, esto es, casi tres por cada diez habitantes, lo que sitúa a Suiza en 16ª posición de la clasificación mundial de número de armas por habitante.
La nueva legislación no prevé que haya un registro central, pero impone la señalización de todos los elementos esenciales de un arma.
Clasifica las armas semiautomáticas que poseen un cargador de gran capacidad en la categoría de armas «prohibidas», pero los coleccionistas y practicantes de tiro deportivo aún podrán adquirirlas solicitando una «autorización excepcional».
Estos últimos deberán demostrar al cabo de cinco años y, más tarde, de diez, que siguen practicando tiro regularmente.
La Jornada
