La Asamblea Consultiva, órgano ciudadano y asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hizo un llamado a las instituciones responsables de la operación y financiamiento del programa de Estancias Infantiles para que “analicen la decisión de eliminarlas sin un diagnóstico previo basado en evidencia, pues ello puede contribuir a mantener las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad social”.
Instó a aprovechar esta coyuntura “para iniciar un diálogo abierto y público, con miras a la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que beneficie el desarrollo económico de nuestro país”.
La reducción drástica de la oferta pública de guarderías, añadió, puede agravar un catálogo de servicios de cuidado “ya de por sí insuficiente, de baja calidad y de poca accesibilidad”.
Dicha asamblea señaló que “el trabajo de cuidados (material, físico emocional y afectivo) nos es indispensable para el sostenimiento de la vida y para el desarrollo de capacidades propiamente humanas. Sin ellos nos pondríamos en riesgo como especie”.
Estos cuidados, abundó, son relevantes para el desarrollo y goce efectivo de derechos de ciertos grupos, como son infantes, niñas, niños y adolescentes, y algunas personas enfermas, mayores o con discapacidad temporal o permanente.
En México, estas labores son realizadas mayoritariamente por mujeres en los hogares. De acuerdo con cifras del INEGI, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar superó los 4.6 billones de pesos. El 75.3% de este valor fue aportado por mujeres.[1]
Expuso que esta división sexual del trabajo de cuidados que mandata a las mujeres como responsables “naturales” de los cuidados, tiene consecuencias negativas para el goce efectivo de sus derechos, pero también para las personas que reciben cuidados y, de manera general, para el desarrollo económico del país.
Fuente: La Jornada
