El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha solicitado al Parlamento Europeo, a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que envíen observadores al referendo constitucional que celebrará Cuba el próximo 24 de febrero, «para supervisar el proceso y evitar el fraude por parte del régimen de La Habana».
Entre los destinatarios figuran el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y varios eurodiputados, entre ellos los españoles Antonio López Istúriz, Beatriz Becerra, María Teresa Giménez Barbat y Javier Nart. El OCDH pide que el comportamiento del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en este proceso «sea un elemento de peso a la hora de analizar si mantener o suspender el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación» con la isla.
En la petición dirigida a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el observatorio afirma que están en juego los derechos de los cubanos. «Especialmente ahora, que el pueblo cubano está llamado a refrendar, o no, una propuesta que podría comprometer su futuro», ha advertido la organización opositora.
Las cartas, que incluyen también como destinatario al secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayan que «el proceso de redacción y consulta de la nueva Constitución de la República de Cuba ha sido un proceso excluyente, concebido desde y por el Partido Comunista de Cuba (PCC), que ha redactado e impuesto su versión de la Ley que regirá el destino de la nación cubana».
Además, a juicio del Observatorio, el Gobierno cubano «ha soslayado las opiniones críticas, las propuestas de modificación y las enmiendas planteadas por diferentes sectores de la sociedad», por lo que la organización es una de las que se ha sumado a la campaña #YoVotoNO de cara al referendo «carente de garantías».
«Por su talante represivo y la agresividad demostrada en estos días por el gobierno ante el auge de las expresiones críticas, prevemos que la represión aumentará con el fin de ahogar las expectativas del pueblo cubano», ha asegurado la organización en un comunicado. El Gobierno, ha añadido, «solamente concibe la opción por el ‘sí'» y considera «contrarrevolucionaria» la disidencia.
Fuente: La Jornada
