Castigarán con 5 años de cárcel agresiones a personal médico en Querétaro

Tras al menos cinco agresiones reportadas contra personal médico durante la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, la LIX legislatura del Congreso del estado de Querétaro avaló reformas al código penal de la entidad para endurecer las penas de prisión a quienes atenten contra los trabajadores del sector salud.

La aprobación de la reforma se dio por mayoría de 24 votos y uno en contra. Durante la discusión, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Néstor Olvera, consideró que la medida solo infundirá temor a la población y es justamente este factor el que incide en que se agreda a los trabajadores del sector salud.

El legislador afirmó que no es momento de espantar a la gente, sino de informar adecuadamente, por lo que consideró que antes de endurecer sanciones, se debía privilegiar la comunicación social como medida preventiva.

Los legisladores modificaron los artículos 287, 288 y 289 del Código Penal con lo que las sanciones se elevaron de 3 a 5 años de prisión –que anteriormente eran de 1 año a 3- y una multa de 500 Unidades Medida y Actualización (UMA).

De los ataques reportados contra personal médico, el 22 de abril dos mujeres fueron detenidas y vinculadas a proceso tras agredir en una parada del transporte público ubicada en Avenida Zaragoza con Josefa Vergara, a una enfermera del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, que salía de su turno. El pasado fin de semana fueron vinculados a proceso.

Además de agresiones al personal de salud, en Querétaro se han registrado ataques contra personal de protección civil y de seguridad.

La noche del 20 de abril, en la localidad de Amazcala, del municipio de El Marqués, fue agredido a balonazos y pedradas, al solicitar a un grupo de jóvenes que se dispersara y evitará concentrarse para prevenir contagios de coronavirus Covid-19.

El 27 de abril la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Pedro Escobedo reportó la detención tres personas por agresiones contra de beneficiarios del programa Vigilantes Ciudadanos, esquema de empleo temporal creado por el gobierno estatal para difundir medidas de distanciamiento social y prevenir contagios de coronavirus entre la población.

 

 

EXCELSIOR

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