Ofrecen negociar ley de inquilinos; oposición dice no a Morena

La bancada de Morena en el Congreso de la ciudad está dispuesta a negociar con la oposición el contenido de la iniciativa de reforma al Código Civil en materia de caseros e inquilinos, dijo en entrevista Valentina Batres, diputada que promueve los cambios junto con su correligionaria Martha Ávila.

La respuesta del PAN y PRD no fue positiva en general y menos en lo que respecta a artículos como el que propone impedir desalojos si no existe un contrato de arrendamiento por escrito.

Creo que sería mejor que retiren la iniciativa. Todos los artículos que propusieron reformar en materia inquilinaria tienen algo que no podríamos acompañar. Todo lo vemos muy riesgoso, muy peligroso”, dijo Diego Garrido, diputado del PAN.

Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD, consideró estar abierto al debate en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a donde se turnó la iniciativa, “pero no hay una sola cosa, un solo artículo que se salve”.

Tanto Garrido como Gaviño coincidieron en que el Congreso debería resolver algo más urgente: los subsidios a las miles de familias que se han quedado sin empleo por la pandemia.

O perfeccionar los métodos de mediación entre inquilino-dueño, tema que se plantea en la iniciativa de Morena en la reforma al artículo 2431 BIS; “sobre el que sí estaríamos dispuestos a dialogar”, dijo Garrido.

 

En caso de emergencia nacional, desastres naturales o cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento.

 

Para estos efectos, podrá recurrirse a los mecanismos previstos en la  Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal”, se lee en la iniciativa de la bancada de Morena.

MAYOR CONTROVERSIA

En la reforma que Batres y Ávila propusieron al artículo 2406 del Código Civil  se establece que si no existe un contrato de arrendamiento por escrito no se podrá efectuar un desalojo aunque el inquilino no haya pagado las rentas, y que sólo se le podrá desalojar hasta que se firme el contrato por escrito.

Ese argumento es falaz, porque el Código Civil ya te obliga a que todo contrato debe ser por escrito; y generaría una cuestión más nociva: la invasión de predios y eventualmente el delito de despojo, porque una persona puede invadir una propiedad, luego decir que le está rentando al dueño y como no hay contrato escrito no lo pueden desalojar”, consideró Garrido.

Sobre esas posturas, Batres respondió: “ojalá la oposición haga a un lado los sensacionalismos, porque eso no nos permite ver el fondo de las propuestas y de los problemas en materia inquilinaria”.

Otro de los temas álgidos en el debate de la ley inquilinaria es la propuesta de que el dueño no pueda pedir más de un mes de renta como depósito.

Me parece pésimo, porque si el inquilino no pagó el teléfono y luego Telmex se lo cobra al dueño, o no pagó la luz y le cortan la luz al dueño, si el contrato no permite pedir más de un mes de depósito es injusto, pues ésa es la forma que el propietario tiene de garantizar la recuperación de su recurso”.

Batres concluyó que no tiene que ser en el periodo extraordinario, que se plantea para el 24 de julio, cuando se someta a votación el dictamen.

Gaviño lanzó una alerta: “hay muchísima preocupación entre los inmobiliarios, entre los propietarios, entre los jueces”. Agregó que quienes estén interesados en comprar una propiedad para rentarla “mejor van a comprar en el Estado de México o en otro estado donde les den más garantías”.

 

VEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

Tras la renuncia de las legisladoras Lizette Clavel Sánchez y Leonor Gómez Otegui a la bancada del Partido del Trabajo en el Congreso local, el grupo legislativo que preside Circe Camacho expresó que las legisladoras “se alejaron de los principios” del PT, bancada que fue presionada por Morena para apoyar “modificaciones presupuestales para ciertas áreas de la ciudad” y que la salida de las legisladoras fue operada por funcionarios locales.

El pasado 16 de junio, en una reunión de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tanto PAN, PRD y PRI como Circe Camacho y Jannete Guerrero, ambas del PT, votaron en contra de incluir en la orden del día la sesión extraordinaria del 19 de junio, donde se votaría la iniciativa para modificar la Ley de Austeridad y darle a la jefa de Gobierno la atribución de modificar el 100 por ciento del presupuesto, a raíz de la crisis por la pandemia.

 

En la carta que emitió ayer el PT se afirma que hay “acuerdos que se realizan a espaldas de jefa de Gobierno o en contra del pleno ejercicio de los derechos de todas y todos en esta ciudad.

Es por ello que esta separación es indignante, ya que se debe a una práctica poco ética de parte de funcionarios de segundo nivel que se encuentran en el Gobierno de la CDMX”.

 

 

 

EXCELSIOR

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