Jesús Chaín y Rafael Sánchez, abogados del empresario Carlos Solórzano, acusaron que un funcionario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) intentó sobornarlos con 10 millones de pesos para detener las denuncias por el atentado del que fueron víctimas en Boca del Río y de desistir también de otra denuncia por presuntos actos de extorsión por parte de la Comisión-y Ana Gabriela Guevara como su titular- contra su representado, dueño de la empresa CIMSA.
En conferencia de prensa, Chaín detalló que el pasado 7 de junio «nos ofrecieron 10 millones de pesos para que detuviéramos las denuncias, fue de parte de un intermediario a nombre de un funcionario de la Conade«, dijo.
Ambos abogados declinaron revelar el nombre del presunto funcionario alegando que «podían entorpecer el proceso de la denuncia».
En conferencia virtual con medios, Chaín y Sánchez mostraron algunas de las pruebas que poseen–audios y conversaciones de WhatsApp de gente cercana a Ana Guevara–que, aseguran, ya presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que, dicen, este 1 de julio entregarán a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
“Hemos tenido mensajes (de WhatsApp) en donde nos están ofreciendo dinero para que ya no sigamos. Nos ofrecieron 10 millones pesos para que ya no sigamos. No hay precio. Nosotros no hicimos esto por dinero, ni por fama”, aseveró el abogado Chaín.
“No (damos el nombre) porque violamos el proceso. Quiero que se haga justicia no que se haga ruido”, insistió Sánchez.
Los abogados interpusieron denuncias tanto en la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE) como en la Fiscalía General de la República (FGR) para señalar que su cliente, Carlos Solórzano, dueño de la empresa de alimentos CIMSA entregó 2.5 millones de pesos de “moche” a cambio de un contrato por 16 millones de pesos para prestar el servicio de alimentación en tres comedores de la Conade.
Los denunciantes señalaron que en dos ocasiones se reunieron directamente con Ana Guevara para acordar el monto que le entregarían a cambio de que les asignara el contrato para prestar el servicio de alimentación en el cual Solórzano, en principio, invirtió casi 12 millones de pesos.
LA RAZÓN
