La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó esta noche el dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que será discutido en la sesión ordinaria de mañana.
La reforma prevé la creación de un centro de conciliación y registro laboral; la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores; la verificación por la autoridad de que la mayoría apoyó a sus dirigentes, así como del contenido de los contratos colectivos negociados.
Además, estos deberán revisarse en su totalidad durante los siguientes cuatro años, y estos deberán ser publicados en una página en Internet.
El desconocimiento del trámite parlamentario por parte de los diputados derivó en una reunión trompicada.
No solo se votaron dos órdenes del día diferentes, sino que también se aprobó dos veces el dictamen, debido a que el presidente de la comisión, Manuel de Jesús Baldenebro (PES) dio por buena una primera votación a mano alzada.
El reglamento obliga, sin embargo, a que la aprobación de dictámenes sea nominal.
La mayoría desechó un conjunto de propuestas que presentó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González, para diluir las nuevas obligaciones a los sindicatos.
El diputado priísta reprochó que mientras en la junta directiva de la comisión le avalaron sus reservas, en el pleno de la comisión fueron rechazadas. “Se me rajaron”, lamentó.
Isaías González planteó eliminar la obligación de que –además de libre y secreto- el voto para elegir a los dirigentes sea directo. Sostuvo que hay organizaciones nacionales que no pueden realizar una elección en una misma fecha.
Pavón secundó que no puede incluirse una cláusula para cumplir con el tratado comercial, si Estados Unidos y Canadá no la prevén en su propia legislación.
Isaías González también planteó mantener que los afiliados a un sindicato deben ser trabajadores en activo; que no sea obligatoria la verificación de las elecciones por parte del centro federal de conciliación y registro laboral.
También planteó que no se obligar a los sindicatos a presentar por escrito el informe sobre el uso de los recursos que se manejen. “Hay 20 millones de registrados en el Seguro Social. Sería entregar un mundo de papel”, expresó. La mayoría en la comisión rechazó sus propuestas.
Fuente: La Jornada
